Tiempo Argentino | Opinión
El Indec acaba de publicar los indicadores sociales de pobreza e indigencia y los datos no dejan de preocupar, más allá de que se observa una ligera mejora respecto de un año atrás.
En cuanto a la indigencia, la foto del primer semestre del año muestra que un 8,8% de la población no poseía ingresos suficientes para acceder a una canasta mínima de alimentos. En tanto, en el primer semestre de 2021, a la salida de la pandemia, este valor era del 10,7 por ciento. De un universo total de 29 millones de personas que releva el Indec, la indigencia aún sigue afectando a 2,55 millones de argentinos y argentinas.
Se trata de una problemática que nunca se debe naturalizar, y menos aún teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial. No hay una restricción o “escasez” por el lado de la oferta.
Uno de los principales condicionantes está en la esfera de la determinación de precios (también del lado de la oferta), ya que unos pocos sectores concentrados están fijando valores que incluso exceden a los del mercado internacional. Al comparar la evolución interanual del precio interno con el índice de precios de los alimentos calculado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) —primer semestre de 2022 respecto a igual período del 2021—, se observa que los precios locales se incrementaron 7 puntos porcentuales por encima de los internacionales, todo medido en dólares. Una brecha significativa e injustificada.
Más allá de esta situación, los precios de los alimentos han aumentado 19 puntos porcentuales más que el índice general en los últimos tres años. Además, dado que es el rubro de mayor ponderación en el relevamiento (23,4% en GBA, llegando al 35,3% en el NEA), cada movimiento alcista en sus precios tiene gran impacto en el IPC general.
Ante esta situación en materia de precios, vuelvo a sostener lo que siempre digo: no hay razón macroeconómica por el lado de los costos que explique este comportamiento, dado que en conjunto, los salarios, las tarifas o el tipo de cambio han estado por detrás del sendero seguido por los precios. Entonces, la gran causa que explica la inflación viene por el lado de los márgenes de ganancia y por la especulación, dos cuestiones que están asociadas y que manifiestan la puja distributiva existente.
Por su parte, los datos de pobreza muestran una reducción del porcentaje de personas que se encuentran en este segmento: pasaron del 40,6% en el primer semestre 2021 al 36,5% en el primer semestre 2022. En cifras absolutas, casi un millón y medio de personas dejaron de ser pobres en los 31 aglomerados urbanos que considera el Indec. En gran medida, esta evolución se vincula con el aumento del empleo. Según informó el Indec, en el segundo trimestre de este año la Argentina contaba con 12.993.265 personas trabajando, cifra que implica un incremento interanual del 8,4% y permite alcanzar el máximo registro de la serie, que comienza en 2003.
La semana pasada el Indec dio a conocer los datos del nivel de actividad económica de julio, dando cuenta de la continuidad del proceso de crecimiento con respecto al año pasado: la variación interanual de ese mes fue del 5,6%; mientras que con respecto al mes anterior se registró una variación casi nula: -0,04 por ciento. Con una visión más amplia, nos encontramos en un nivel que supera en un 7,5% al de la prepandemia sanitaria (diciembre 2019), una comparación que reafirma que el camino es “por acá”, independientemente de todo lo que resta por hacer.
De cara a lo que viene
La economía argentina se encuentra en expansión desde hace 16 meses, y así y todo parece no alcanzar para mejorar la distribución del ingreso. Como mencionamos en otras oportunidades, el crecimiento de la actividad sirve para incentivar el necesario círculo virtuoso de la producción, el empleo y el consumo, pero no resulta suficiente para satisfacer las necesidades de toda la población cuando los fijadores de precios se terminan apropiando de los beneficios del crecimiento.
Por esta razón, y dado que el mercado no “derrama”, no se puede descansar en los “pactos de caballeros”. Se requiere de la intervención del Estado, entre otras cuestiones, llevando a cabo una eficiente fiscalización en las cadenas de valor de las grandes empresas —muchas de las cuales han obtenido importantes ganancias en los últimos años—, colocando márgenes adecuados y sancionando los desvíos.
Dada la aceleración de los precios reciente, es de esperar un empeoramiento de los indicadores sociales. De hecho, como resultado de lo sucedido con los precios, la Canasta Básica Total (que se usa para el cálculo de la pobreza) sufrió en agosto un incremento del 7,6% (superior al 7,0% del IPC), el segundo más alto desde que se publica la serie (el más alto fue el de septiembre de 2018 con un 8,1%).
En este marco, es imprescindible, tal como señaló la vicepresidenta Cristina Fernández, “una política de intervención más precisa y efectiva en el sector (de las empresas alimentarias) y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”. Hay mucho por hacer y es una tarea de largo aliento, que va más allá de 2023.
El gobierno ya dio un paso importante para estabilizar el mercado de cambios a partir de la decisión de incentivar temporalmente las liquidaciones de soja a un dólar diferencial a través del decreto 576/22 que establece el Programa de Incremento Exportador. La medida resultó de una gran efectividad. Según informó el ministro Sergio Massa, se liquidaron U$S 8123 millones, que redundan en un fortalecimiento de las Reservas. Participaron más de 32 mil productores individuales y unas 12.500 empresas.
Massa anunció que lo recaudado a partir de los derechos de exportación de estas ventas será destinado, según lo indica el decreto, a un programa, que comenzará este próximo lunes, para estimular la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores que no hayan participado del Programa de Incremento Exportador, que al inicio de éste hubieran vendido más del 85% de su producción y cuyas explotaciones tengan menos de 200 ha. El 50% de este programa será financiado por la Secretaría de Agricultura. Los fondos se destinarán a la compra de semillas y fertilizantes para la siembra de maíz y soja. También se dedicará parte de lo recaudado a financiar una “prestación monetaria para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”, que se anunciará en la semana que se inicia.
Hoy, sin dudas, el escenario es muy distinto respecto del que se auguraba hace unos meses. Recordemos que desde ciertos sectores se impulsó un verdadero “golpe de mercado”, dando por seguros una gran devaluación e hiperinflación, escenarios que hubieran sido nefastos para las grandes mayorías y un gran caldo de cultivo para una nueva vuelta del neoliberalismo a la Argentina. De suceder esto último, significaría dar varios grandes pasos hacia atrás. Los desafíos y las urgencias persisten: lo que debe estar claro es por dónde es el camino, en la misma dirección del que se está transitando.