Lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena recordarlo: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada por amplia mayoría en ambas cámaras, fue producto de un intenso y prolongado debate en toda la sociedad. Debate impulsado desde 2004 por la Coalición por una Comunicación Democrática a partir de los 21 Puntos, debate del cual el movimiento cooperativo fue parte activa.
Fiel a ese proceso democrático, los órganos de aplicación de esta ley, el AFSCA y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, fueron pensados para dar lugar a esa diversidad de sujetos que estuvieron en el origen y en el desarrollo de esta legislación.
Si la ley para democratizar las comunicaciones nació de un proceso intenso de participación democrática, sus órganos de aplicación debían contener a esos actores movilizados para asegurar su representatividad, autonomía y diversidad en su implementación.
De allí que el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual estuviera integrado por un representante de cada una de las provincias y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres representantes de los prestadores privados comerciales, tres representantes de los prestadores sin fines de lucro, un representante de las emisoras de las universidades nacionales, un representante de las universidades nacionales con facultades o carreras de comunicación, un representante de los medios públicos, tres representantes de las entidades sindicales de los trabajadores de los medios de comunicación, un representante de las sociedades gestoras de derecho y un representante de los pueblos originarios.
Bien: el decreto de necesidad y urgencia 267 resolvió, de un solo golpe, la disolución de los órganos de aplicación de la Ley 26.522: la AFSCA y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Creó, en su lugar, un nuevo órgano sin ningún tipo de exigencia para el Poder Ejecutivo Nacional en términos de designación y remoción de sus integrantes. El decreto dispone la creación del ENACOM bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Según el artículo 24 del decreto, este organismo está integrado por un presidente y tres directores, todos ellos nombrados por el Poder Ejecutivo, y tres directores dispuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización.
Pero, al estar en ese momento en receso el Congreso, el propio decreto disponía que podía funcionar con cuatro miembros, los nombrados por el Ejecutivo.
Además, el artículo 5 dispone que todos ellos pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo, otorgándole absoluta discrecionalidad.
De este modo, pasamos de tener órganos de aplicación con amplia representatividad, diversidad y equilibrio de visiones, a un organismo centralizado y subordinado al Poder Ejecutivo.
Es decir: se pasa de un organismo producto de un proceso de democracia participativo y orientado a la democratización de las comunicaciones, a un organismo centralizado cuyo objeto es facilitar los nuevos procesos de concentración y trasnacionalización de medios en ciernes.
Y, esto último, no es una interpretación: surge del mismo decreto que deroga la limitación a las transferencias de licencias para los licenciatarios con fines comerciales, excluyendo de este cambio a las cooperativas y otros prestadores sin fines de lucro (para quienes subsiste esa limitación). Se reducen los límites para evitar procesos de concentración de medios o consolidación de posiciones dominantes. Y ya no hay obligación de emitir una señal propia para los cables, ni hay obligación de pasar las señales locales de TV, ni de respetar el orden de la grilla de señales.
De este modo se ponen serios límites a las posibilidades de discutir pluralismo, diversidad, contenidos locales, regionales, informativos.
La creación de órganos de aplicación dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, sin autonomía, sin integración diversa federal y con equilibrio de visiones, va de la mano con la búsqueda de un retroceso de los procesos de democratización alcanzados y del retorno a una nueva oleada de concentración y extranjerización de medios.
En definitiva: más concentración y menos democracia.
Por compromiso y respeto con el largo ciclo de democratización iniciado en 1983 y consolidado a partir del 2003, nos oponemos con toda convicción, con toda decisión y conciencia histórica, a un decreto que abre una nueva etapa de retroceso en términos de ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.