Ámbito Financiero | Opinión
La oferta por la deuda no se cambia. Ese fue uno de los mensajes contundentes que dio Martín Guzmán en una entrevista televisiva durante la semana que pasó. El ministro señaló que hemos llegado al límite de lo que se puede hacer “para cuidar a la economía argentina y al mismo tiempo buscar un acuerdo consensuado con nuestros acreedores”. En la entrevista quedaron claros varios temas.
No deja de ser interesante lo ocurrido durante un pasaje del encuentro, que incluyó una ráfaga de preguntas de similar contenido, y sesgado mensaje. Comenzando por el “muchos dicen estamos ‘ahí’ de un acuerdo con mucha adhesión y Guzmán está muy cabeza dura y no mejora un poquito la oferta para arreglar”; siguiendo por el “Ud. les cambia el arco”; o que mucha gente que participa de las negociaciones dice “acá no hay acuerdo porque Guzmán es insoportable negociando, y que eso le genera un costo a la Argentina”. Toda una insistencia que llevó al ministro a responder que eso es lo que dicen los acreedores. Luego cerró el tema señalando: “Nosotros estamos trabajando para la gente, los acreedores trabajan para otros intereses, y como estamos en negociaciones estos mensajes son lógicos”. Los posicionamientos son evidentes.
Hay que decir que la supuesta inflexibilidad (del Gobierno) no se condice con la opinión de varios representantes de los bonistas, que ya expresaron su conformidad con la última propuesta presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Hasta el propio grupo Ad Hoc, del que participa el fondo BlackRock, tuvo que reconocer las mejoras de la última presentación: no obstante es uno de los que reclama por más mejoras en los cupones y a su vez mayores cambios legales.
Por todo esto, la “testarudez del ministro” no debiera preocupar, más bien todo lo contrario. Muestra que la línea negociadora del Gobierno está en las antípodas de la idea del “arreglar como sea” que muchos aplaudieron en 2016 con los fondos buitre. Esta última, una postura que en tiempo récord llevó la deuda a niveles críticos, perdiendo en dos años el financiamiento externo y arriesgando la soberanía al firmar el acuerdo con el FMI, a mediados de 2018.
Saliendo del tema de la deuda, Guzmán también dejó frases importantes sobre la pospandemia, señalando: “Cómo nos vaya va a depender de cómo hayamos logrado evitar la destrucción de las capacidades productivas del país y en esto venimos trabajando”.
Coincide plenamente con la idea de la CEPAL, que alerta sobre la necesidad de morigerar estos impactos a través de diversos mecanismos. Uno de ellos “es aumentar la liquidez de las empresas, principalmente las de menor tamaño, mediante la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales de 2020. La suspensión del pago de los servicios de luz, agua, gas y telecomunicaciones, sin multas ni corte de servicios, hasta finales de 2020”. En este marco, no deja de ser importante en nuestro país el tratamiento en el Parlamento del proyecto de ampliación de la moratoria, una herramienta para regularizar y dar oxígeno a empresas y personas, permitiendo a la vez un incremento de los ingresos fiscales.
Forma parte de toda una serie de herramientas estatales necesarias para sostener el dinamismo del mercado interno tras la pandemia, que ocupará un lugar central. No va en desmedro de la producción para los mercados externos, teniendo en cuenta la restricción de divisas que enfrenta nuestro país. Todo esto adquiere mayor relevancia en un contexto en el que los países desarrollados estarán ávidos de colocarnos su producción excedente, lo que más adelante también demandará importantes definiciones en materia de política comercial e industrial.