En una reciente nota publicada en Tiempo Argentino, Jorge Brito confunde las características de servicio público del sistema financiero. En la nota, lo compara incorrectamente con los supermercados, que sugiere podría plantearse que son servicios públicos.
De la misma forma, asevera que “si un banco es un servicio público, el dinero de los depositantes también es público y nosotros somos meros intermediarios entre la oferta y demanda”.
En realidad, con la declaración de la actividad financiera como servicio público, el dinero de los depositantes seguirá siendo propiedad de sus titulares, pues es la responsabilidad de que esos depósitos sean devueltos en tiempo y forma la que constituye un servicio público.
También tiene características de servicio público la utilización de esos depósitos, principalmente en créditos, puesto que la disponibilidad, costo y destino de los mismos tiene un impacto macroeconómico bien concreto en la economía del país.
No olvidemos que en el contexto actual, muchos países emergentes utilizan la herramienta crediticia como una de las más importantes para mejorar la competitividad de amplios sectores de sus economías.
Según Brito, debe ser el mercado el que decida sobre temas estratégicos para el desarrollo como lo es el financiamiento de la economía; es una postura ideológicamente contraria a la que presenta nuestro proyecto de Ley de Servicios Financieros.
Hay una profusa bibliografía que establece que los sistemas financieros tienden a ser altamente procíclicos, toman altos riesgos en tiempos de bonanza, y restringen significativamente el financiamiento a la sociedad en tiempos de recesión o de escaso crecimiento productivo.
Estas y otras características, como la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y el hecho de que debe llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posible, son cuestiones que le confieren la característica de servicio público.
Mi planteo es claro: en momentos de auge económico, los bancos, buscando maximizar su ganancia, financian a las personas para que consuman, línea que paga las tasas de interés más altas y genera una presión adicional sobre el consumo y los precios. Lo que planteo, que es una reivindicación histórica del movimiento cooperativo, es que haya una orientación del crédito hacia las pymes, generando de esa forma mayores condiciones para la inversión y la creación de puestos de trabajo, ampliando la frontera productiva, y permitiendo que todos consumamos mayor y mejor cantidad de bienes y servicios.
No es cierto, como plantea Brito, que si se aprueba mi proyectode ley, “…el Macro tiene que prestar plata como un servicio público, entonces va a ser un sistema financiero público, no privado”.
La declaración de servicio público es una cuestión de principios, y tiene que ver con un mayor involucramiento de la autoridad regulatoria en la orientación del crédito y en materia de tasas de interés para los sectores más desprotegidos como las pequeñas empresas y los préstamos personales.
Mi planteo no es el de nacionalización de los depósitos, como lo pretenden presentar muchos banqueros y economistas; mantiene las decisiones de los bancos sobre la toma de depósitos y su aplicación, con normas que orientan una parte de los fondos hacia créditos a pymes y a hipotecarios para vivienda, regulación pensada desde el impacto económico que tiene el crédito, por lo que reitero, una variable tan importante no debe ser dejada en manos del mercado.
Hay que desmitificar lo que significa definir como servicio público a las actividades financieras.
De hecho, actualmente, los sistemas de pagos electrónicos o a través de cajeros automáticos son servicios públicos, y fueron declarados con esta condición por el Decreto 1606/01. Y los medios de pagos funcionan eficientemente, con una importantísima participación de la actividad privada en la gestión de los mismos.
Brito dice que si la actividad financiera es declarada servicio público, los bancos serán meros intermediarios entre la oferta y la demanda. Yo le digo que eso es lo que hacen con la actual ley, sólo que la orientación de esa intermediación se rige por la generación de la máxima rentabilidad posible en los bancos privados. El proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social invita a los bancos, más que a ser meros intermediarios, a contribuir activamente con el proceso de creación de riqueza nacional, fortaleciendo además su solidez y la del sistema financiero en su conjunto.
Esta nota fue publicada en Tiempo Argentino el día 07.10.2011
Y si se avanza directamente en la nacionalización de los depósitos y de la banca extranjera???
Lo felicito por el proyecto de ley de entidades financieras. Ojala salga la ley , que ponga un poco de tope al coto de caza que somos para las grandes bancas internacionales y que el capital empiece a servir para dinamizar las fuerzas productivas.
Ojalá se implemente esa Ley y todos tengamos acceso a un crédito barato.Yo cada vez que tengo que sacar uno en mi Banco,tiemblo,porque las tasas son leoninas.Además para nosotros,los jubilados no existe el crédito hipotecario.Es como que nos declaran muertos antes de estarlo.Estamos muertos para el sector financiero,no podemos acceder a una casa propia y estamos condenados a alquilar de por vida.Digo yo,no se podría otorgar un crédito hipotecario con una cláusula que diga que si el beneficiario fallece antes de cancelar la totalidad del crédito y en caso de que nadie de su entorno familiar se haga cargo de las cuotas,automáticamente el Banco otorgante tiene derecho a quedarse con la propiedad?de esta forma el Banco estaría cubierto y mientras viva,el jubilado podría disfrutar de su vivienda propia sin tener que pensar en tirar su dinero en un alquiler.Eso,teniendo en cuenta además lo difícil que se torna encontrar una garantía en el momento de alquilar una vivienda.-Gracias por la oportunidad de expresarme.Saludos.
Totalmente de acuerdo, aunque la alimentación de la población también debería ser un servicio público, regulado por el estado a través de una cadena que fije precios testigo, porque gracias a los mercados todavía hay hambre en nuestro país (además de las rarezas como el precio del tomate en épocas preelectorales $ 18 el kg. en 2007 y $ 14 ahora que fué oportunamente desactivado)
Me alegro, ojalá se trate pronto la ley y se desguace es mentira llamada SEDESA, que sólo sirve para alimentar ñoquis y abogados buitres. Por lo menos acá en Balcarce.