La semana pasada se reunieron 10 gobernadores de provincias petroleras para poner en consideración un documento que aclara que en 15 días se establecerán las metas que las firmas deberán cumplir, y en el que se destaca que se quitarán las concesiones cuando se comprueben procesos de desinversión o inversión escasa.
En el documento presentado se remarca que en los últimos diez años la producción nacional de petróleo cayó 18 por ciento y la de gas un 11 por ciento, en el contexto de un país que tuvo un fuerte crecimiento del consumo, producto del crecimiento industrial (y su consecuente demanda de energía para sostener esa industria), y de las mejoras en la calidad de vida (con la incorporación de artículos que a su vez consumen energía, como los equipos de aire acondicionado).
El hecho de que hayan sido las provincias quienes se reunieron, se debe a que en la Constitución del 94 se estableció que los recursos de subsuelo son propiedad provincial, siendo ellas las que entregan las concesiones, las que negocian el contenido de esas concesiones y las que también reciben los beneficios.
Esta reunión fue importante porque se da en un marco de fuerte reclamo por parte de la propia Presidenta, que tuvo palabras muy firmes acerca de la necesidad de reinversión y de la fuga de utilidades, incluso advirtiendo que las empresas son “concesionarias que trabajan sobre la base de licencias otorgadas por las provincias, pero que los recursos naturales son de los argentinos”.
Creo que los argentinos nos debemos una discusión de fondo sobre la utilización de nuestros recursos naturales, aquellos que producto de los procesos de privatización llevados adelante mayormente en la década del 90 están en manos de empresas transnacionales. Temas como la minería requieren una discusión profunda, para que la Nación como tal pueda tener una política en la materia. Es inaceptable la minería en las condiciones en que las plantean estas empresas, sin tener preocupación ni cuidado por el medio ambiente y de los recursos naturales no renovables que constituyen, en definitiva, una reserva patrimonial del país. Por otro lado también es inaceptable la distribución de los beneficios, producto de las leyes que se aprobaron en aquella etapa y que dan enormes privilegios a quienes explotan esos recursos y muy pocos beneficios a los verdaderos dueños de esos recursos, que somos los argentinos.
Para eso,creo que es imprescindible una reforma de la Constitución,en la que se recupere el indelegable control del Estado Nacional sobre los recursos naturales,es una cuestión de soberanía más que de medioambiente.
“Es inaceptable la minería en las condiciones en que las plantean estas empresas”…tiene razón Carlos, tienen métodos salvajes, me consta ya que he tenido “tratos comerciales” con Minera Alumbrera, por una relación contractual tuve oportunidad de comprobar de qué manera falaz y encubierta se desenvuelven con las autoridades. En mi caso, me alquilaron una propiedad y la devastaron, inclusive arrancaron un árbol de mango maravilloso que personalmente había plantado y cuidado amorosamente. Qué les importa la Ecología…tienen piedra libre para extraer el oro , personalmente en las oficinas de Minera Alumbrera pude ver lo que es ahora un socavón siniestro ,desmesurado…( Ya que están las dos gigantografías a la vista) y lo que era antes la montaña. NO LES IMPORTA NADA.
Estimado Carlos, excelente su artículo. Recuerdo la Constitución del 49, Sampay y otros, que decía que todo lo que está debajo de la superficie es del estado nacional. Con qué poco podríamos volver a tener nuevamente nuestra querida YPF, la que creó Mosconi en el gob. de Yrigoyen, con el Cnel. Baldrich. Repsol y los españoles están heridos de muerte, aprovechemos su debilidad les damos lo que piden menos algo y lo recuperamos en 2 años, pero con control nuestro: invirtiendo y dando el precio. Idem con la minería, se llevan oro a paladas y otros metales. Estaticemos eso también, ese oro quedará acá si es que necesitamos extraerlo. Por ej. yo no uso oro, sólo cuando lo necesito en el laboratorio para metalizar una muestra. Si se lo requiriera para fondos del estado, entonces veríamos qué y cómo hacer.
Suerte con la lucha emancipadora.
Sr. Heller. Sus razonamientos son siempre tan justos y acertados, que realmente espero que los mismos sean escuchados y analizados para su aplicación en bien de todos los habitantes de nuestro País.
El debate es necesario, por primera vez los argentinos nos abocaríamos a una tarea asi, pero a mismo tiempo tal vez una reforma constitucional tal vez ayudaria, siempre y cuando el tema sea debidamente informado para debatirlo.
Creo. lamentándolo, que el proyecto que nos propone la presidenta, muchas veces adolece de una buena información, aun teniendo en cuenta el cerco mediático.
ok..perfecta la desicion de la presidente………….en llevar adelante la defensa de los Argntinos sobre los diferentes productos que provienen del subsuelo de nuestra tierra……ahora esta la otra tambien…paremos la mano con vender tierras..ejem. Patagonia ha extranjeros….despues no nos quejemos que estos hacen y desasen ha gusto….ok……….JUAN CARLOS AUL ex gerentaso de banco credicoo……
De acuerdo en todo.
Un buen análisis desde el punto de vista económico, es decir, ¿que costo tiene para el país este tipo de explotación? y por otro lado ¿que beneficio nos deja? Dentro de los costos, obviamente habrá que colocar, el desarrollo económico sustentable para las poblaciones que rodean el área a explotar. Si éste área y sus poblaciones tienen un desarrollo que no se condice con el “costo” a pagar, a través de la destrucción del medio ambiente en el tiempo, y la consabida inviabilidad de ésta y varias otras actividades productivas, además de la afectación del suelo, el subsuelo, las vertientes naturales y y las variaciones climática, condenando a la migración a futuras generaciones, es evidente que la ecuación no es ventajosa; y ésto de por sí, tiene un costo “social” que aparentemente estaría muy sesgado en el análisis que hoy en día se está haciendo en general al discutir este tema.
Ahora, hay otro costo social, del que no se está hablando demasiado, y que si se investiga podría arrojar resultados mas que interesantes. ¿Cuál es el impacto social de la contraposición en un ámbito de trabajadores que ganan en promedio 10 veces mas trabajando en una mina, que aquellos que labran la tierra en las poblaciones aledañas? ¿Cual es el impacto de que trabajadores de las minas que en su gran mayoría no son pobladores nativos de las poblaciones cercanas a la mina, “bajen” a los pueblos aledaños en sus francos, con mas dinero en el bolsillo, del que muchos padres de niñas y adolescentes ganan en varios meses? ¿Como superar la tentación de aquellas adolescentes de acceder a una cantidad de dinero que sus padres jamás les podrían dar? Todo en un marco donde aún persisten hogares con padres de familia desocupados, semiocupados o asistidos con planes sociales; y en un marco donde la educación para éstos padres y sus hijas, no es un “activo” del que puedan valerse; por supuesto no por culpa del actual gobierno nacional, pero aún así es una realidad que aún está presente y lastima. ¿Que conclusiones podríamos sacar solamente de imaginar esta situación? Pensemos ahora que estás situaciones existen, no son fantasías, y aún así no están siendo tomadas en cuenta a la hora del análisis de si este tipo de explotación, en la forma que se está haciendo (no solamente la tecnología con la que se está haciendo) es necesaria o no para el desarrollo social.